Por Cilo Calcaño, Licenciado en Economía

Hablar de desigualdad económica en República Dominicana es abordar un tema que toca una fibra sensible en un país que enfrenta profundos retos sociales. La palabra “desigualdad” suele evocar imágenes de exclusión y falta de justicia, pero no toda desigualdad es perjudicial. Cuando hablamos de desigualdad económica sana, nos referimos a las diferencias que surgen naturalmente en un sistema donde las personas reciben recompensas proporcionales a su esfuerzo, talento o innovación, y no a desigualdades derivadas de privilegios o estructuras injustas. Este tipo de desigualdad es esencial para el progreso, ya que genera los incentivos necesarios para que las personas inviertan, innoven y emprendan. Reconocerla como un motor de desarrollo puede ser una herramienta poderosa para reducir la pobreza y fomentar la movilidad social en nuestra nación.

En cualquier economía dinámica, las diferencias en ingresos, éxito y bienestar surgen como resultado de factores diversos como el talento, el esfuerzo y las elecciones individuales. Estas diferencias están intrínsecamente conectadas con la naturaleza inherente del ser humano. Las personas, guiadas por su interés propio, buscan mejores oportunidades para prosperar. Este interés personal no es egoísmo; es el motor que lleva a individuos a mejorar su productividad, crear nuevas ideas y generar valor para la sociedad. Como señaló Friedrich Hayek, el mercado no premia el mérito moral, sino el valor que otros atribuyen al trabajo o servicio ofrecido. Este principio es evidente en sectores clave de nuestra economía, como el turismo, donde la competencia y el esfuerzo constante han permitido que el país sea competitivo a nivel mundial.

La desigualdad económica sana fomenta estas dinámicas porque genera incentivos claros: quienes se esfuerzan, innovan y aportan valor reciben recompensas proporcionales. Sin embargo, para que estas dinámicas se traduzcan en progreso real, es fundamental garantizar el acceso equitativo a las oportunidades. Ludwig von Mises advertía que cuando la intervención estatal favorece a unos pocos a costa del resto, se debilita el mercado competitivo y se agrava la pobreza. En lugar de centrarse únicamente en redistribuir riqueza, las políticas deben enfocarse en crear un entorno donde todos los dominicanos puedan participar de manera justa y eficiente en la generación de valor. Esto requiere reducir las barreras al emprendimiento, flexibilizar la regulación económica y garantizar reglas claras e iguales para todos.

La movilidad social, entendida como la capacidad de una persona para mejorar su situación económica y social respecto a la de su familia de origen, sigue siendo un desafío importante en nuestro país. Muchas personas sienten que su lugar de nacimiento, el nivel económico de su familia o incluso la comunidad a la que pertenecen determinan hasta dónde pueden llegar. Esta percepción, fundamentada en las realidades que enfrentan los sectores más vulnerables, limita las aspiraciones de miles de jóvenes. Muchos ven pocas opciones viables para progresar fuera de ganar la lotería, llegar a las Grandes Ligas o convertirse en estrellas de la música. Si bien estos sueños son válidos, no deberían ser las únicas rutas hacia el progreso. Este fenómeno perpetúa ciclos de pobreza y refuerza la sensación de que las oportunidades están fuera del alcance de la mayoría.

Cambiar esta realidad requiere sistemas que fomenten oportunidades reales y sostenibles para todos. La educación es un pilar fundamental en este esfuerzo. Implementar un modelo de «cheque escolar», como se ha hecho con éxito en otros países, permitiría a las familias elegir la institución educativa que mejor se adapte a sus necesidades, promoviendo la competencia entre las escuelas y elevando la calidad del sistema educativo. En República Dominicana, donde las disparidades educativas son significativas, una medida como esta podría transformar la calidad de la enseñanza, brindando a los jóvenes herramientas concretas para su desarrollo.

Además, es crucial expandir los programas que faciliten el acceso a crédito para emprendedores. Si bien han surgido iniciativas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, aún hay comunidades, especialmente en áreas rurales, que no pueden acceder a financiamiento básico. Fortalecer estos programas, acompañados de tasas preferenciales y capacitaciones en gestión empresarial, podría abrir la puerta a miles de proyectos innovadores. Igualmente, reforzar los programas de capacitación técnica y profesional ofrecería una vía alternativa para los jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral, diversificando las oportunidades económicas más allá del empleo informal.

Otra estrategia clave es ampliar el alcance de las incubadoras de negocios y fomentar un ecosistema que incentive la innovación. La digitalización ha abierto nuevas oportunidades para modelos de negocio sostenibles y escalables. Con un soporte adecuado, más jóvenes podrían transformar ideas en proyectos tangibles que contribuyan al desarrollo económico del país.

Reducir la pobreza no debe ser solo una cuestión de repartir recursos, sino de crear condiciones en las que más dominicanos puedan participar activamente en la economía. La desigualdad económica sana puede ser un motor positivo que incentive la innovación y premie el esfuerzo, lo que eventualmente elevará el nivel de vida de toda la sociedad. Ejemplos como el auge del emprendimiento tecnológico y el éxito de las pequeñas y medianas empresas en el país demuestran que, cuando las personas tienen el espacio y las herramientas necesarias para crecer, el progreso puede ser inclusivo y sostenible.

No se trata de eliminar la desigualdad en sí, sino de garantizar que no sea una barrera insalvable. Es importante construir un entorno donde el esfuerzo y la creatividad sean recompensados, mientras se eliminan trabas innecesarias y desigualdades impuestas artificialmente. La lucha debe centrarse en desmantelar las estructuras que dificultan el avance de las personas.

República Dominicana requiere un modelo que promueva una competencia justa, garantice oportunidades accesibles para todos y fomente un mercado funcional como motor del desarrollo económico y social. Este enfoque no solo facilitará la reducción de la pobreza, sino que brindará a cada ciudadano las herramientas necesarias para avanzar y alcanzar una vida digna y productiva. Al entender la desigualdad económica sana como un incentivo para la innovación, el esfuerzo y el progreso, podemos trabajar hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, próspera y sostenible, donde todos tengan la posibilidad de contribuir al desarrollo nacional.