Por Hamlet E. Mota Portes

Hay diagnósticos que cambian la vida de una persona y, al mismo tiempo, alteran la economía de toda una familia. Un cáncer, la hemofilia, una enfermedad autoinmune, una condición rara o la necesidad de conservar un órgano trasplantado pueden requerir tratamientos cuyo costo supera ampliamente la capacidad de pago de la mayoría de los hogares.

En esos casos, el acceso al medicamento deja de ser únicamente un asunto clínico. Puede significar conservar la autonomía, continuar trabajando, evitar complicaciones, prolongar la supervivencia o ganar tiempo para acompañar a los hijos y a la familia.

La República Dominicana ha construido durante las últimas dos décadas distintos mecanismos de protección para esos pacientes. La estructura actual no existía hace veinte años: el Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública fue creado formalmente el 5 de marzo de 2015 mediante la Disposición núm. 000003. Esa precisión histórica es importante porque permite hablar de una evolución de la respuesta pública sin atribuir al programa actual una antigüedad que no tiene.

Desde entonces, la política se ha transformado en una estructura especializada de acceso, evaluación, programación y dispensación de terapias de elevado impacto económico. El cambio ha ocurrido al mismo tiempo que la medicina incorporaba medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas e inmunoterapias capaces de modificar el curso de enfermedades que antes tenían pocas alternativas.

Ya no se trata solamente de cáncer

Aunque la oncología continúa ocupando una parte importante de la demanda y del gasto, Alto Costo abarca un espectro mucho más amplio. Las fuentes oficiales recientes identifican cobertura para enfermedades oncológicas, autoinmunes y degenerativas, trasplantes y enfermedades raras. Entre las patologías con mayor cobertura reportadas por el Gobierno en 2024 figuran la artritis, la hepatitis C y el cáncer de mama.

La amplitud puede verse también en las adquisiciones. En julio de 2024, PROMESE/CAL anunció una licitación por RD$3,020.4 millones para 83 moléculas destinadas a necesidades programadas de DAMAC. Esos medicamentos correspondían a diez grandes áreas terapéuticas: dermatología, endocrinología, gastroenterología, hematología, neumología, neurología, oncología, psiquiatría, reumatología y trasplantes.

El catálogo sometido a revisión por Salud Pública junto con sociedades médicas especializadas fue reportado con 117 moléculas. En 2026, representantes del programa continuaban señalando públicamente esa cifra. Sin embargo, no debe confundirse número de moléculas con número de enfermedades: una misma molécula puede tener varias indicaciones y una patología puede requerir distintos medicamentos. Las fuentes públicas consultadas no ofrecen un número único, actualizado y metodológicamente definido de “patologías cubiertas”; por eso, una publicación rigurosa debe hablar de áreas terapéuticas y condiciones documentadas, no inventar una cifra cerrada.

Entre las condiciones que aparecen expresamente en decisiones recientes del sistema de seguridad social se encuentran lupus, artritis reumatoide, enfermedad renal, trastornos del crecimiento, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopénica y gammaglobulinemias, además de la cobertura oncológica.

De 2,500 a 7,400 pacientes

La expansión de los últimos años permite dimensionar el cambio. En agosto de 2020, DAMAC reportó un presupuesto de RD$2,786.7 millones destinado a alrededor de 2,500 pacientes. Para septiembre de 202, la misma dirección informó un presupuesto de RD$7,313.9 millones y 7,400 pacientes cubiertos. Eso significa que, tomando esos dos puntos comparables, los recursos crecieron aproximadamente 162 %, mientras la cantidad de pacientes casi se triplicó.

El cierre de 2025 mostró una cobertura todavía mayor: el Ministerio de Salud Pública reportó 7,930 pacientes activos con medicamentos especializados y tratamiento continuo. Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno informó 8,283 pacientes con tratamiento garantizado y 1,980 nuevos beneficiarios incorporados. Son fotografías de momentos distintos y, por tanto, deben leerse como una evolución de la cobertura, no como cifras intercambiables.

La oncología permite ver el peso humano y financiero de esta política. En septiembre de 2025, DAMAC informó 1,222 pacientes oncológicos activos, 254 de ellos incorporados ese año, con una inversión de RD$2,273.2 millones.

Detrás de cada cifra hay una historia concreta: una mujer que puede continuar una terapia contra el cáncer de mama; un niño con hemofilia cuya familia necesita tener disponible el factor indicado; una persona con artritis reumatoide que busca preservar su movilidad; o un paciente trasplantado que depende de su tratamiento para proteger el órgano recibido.

Comprar mejor también es acceso

Otro punto de inflexión ocurrió en febrero de 2021. Mediante el Decreto 113-21 se transfirió a PROMESE/CAL la compra de los medicamentos de alto costo requeridos por el Ministerio de Salud Pública.

La separación de funciones es relevante: DAMAC determina las necesidades, elabora los requerimientos y las fichas técnicas y entrega los medicamentos a los pacientes; PROMESE/CAL ejecuta los procedimientos de adquisición. Así lo explicó oficialmente el Gobierno al anunciar la licitación de 83 moléculas en 2024.

La evolución presupuestaria reciente también muestra la magnitud del esfuerzo. El Gobierno reportó RD$3,052 millones en 2021, RD$3,862 millones en 2022, RD$7,314 millones en 2023 y RD$7,401 millones en 2024 para Alto Costo. Pero comprar mejor no significa únicamente conseguir un precio menor. En salud, eficiencia también es disponibilidad. Un medicamento puede haber sido adquirido correctamente y, sin embargo, perder parte de su valor clínico si no está disponible cuando el especialista determina que debe comenzar el tratamiento. Por eso, la calidad del sistema debe medirse no solo por presupuesto ejecutado o unidades compradas, sino también por continuidad terapéutica, tiempos de respuesta y ausencia de interrupciones.

Acercar el tratamiento al lugar donde vive el paciente

La geografía también importa. Para una persona que vive lejos de Santo Domingo, retirar periódicamente un medicamento puede implicar horas de viaje, gastos de transporte y alimentación, pérdida de jornadas laborales y un esfuerzo físico considerable.

En octubre de 2024, el Gobierno informó que funcionaban nueve farmacias de medicamentos de alto costo en hospitales de referencia: seis en Santo Domingo, una en la región Sur y dos en el Norte, con planes de ampliar la red hacia el Este y el Noroeste. También reportó el servicio “Conectando con DAMAC”, orientado a educación y seguimiento de pacientes mediante llamadas y visitas.

Descentralizar la dispensación no es un detalle administrativo. Para una familia que ya enfrenta una enfermedad compleja, reducir un viaje puede significar menos gasto, menos desgaste y mayor adherencia al tratamiento.

La Seguridad Social comienza a asumir un papel mayor

La sostenibilidad futura no dependerá exclusivamente de aumentar cada año el presupuesto de DAMAC. Una política madura necesita distribuir responsabilidades dentro del sistema sanitario, evaluar tecnologías, negociar precios y decidir qué tratamientos deben ser financiados por el presupuesto público y cuáles pueden incorporarse progresivamente a la cobertura del Seguro Familiar de Salud.

En febrero de 2026, el Consejo Nacional de Seguridad Social, mediante la Resolución 631-04, detalló la ampliación de cobertura de medicamentos de alto costo para patologías no oncológicas del Régimen Subsidiado. La decisión incluyó expresamente lupus, artritis reumatoide, enfermedad renal, trastornos del crecimiento, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopénica y gammaglobulinemias.

Ese paso es relevante porque desplaza parte de la conversación desde un programa específico hacia la arquitectura completa de protección financiera en salud. En el futuro, la coordinación entre Ministerio de Salud Pública, DAMAC, PROMESE/CAL, SISALRIL, SENASA, CNSS y los prestadores será determinante para evitar duplicidades, cerrar brechas y garantizar sostenibilidad.

El próximo gran indicador debe ser el tiempo

Después de años midiendo presupuesto, moléculas y pacientes, hay una variable que merece ocupar el centro de la discusión: el tiempo.

¿Cuánto transcurre desde que el especialista indica una terapia hasta que el paciente recibe la aprobación? ¿Cuánto tarda la primera dosis? ¿Cuántas interrupciones se producen durante un tratamiento? ¿Qué ocurre cuando aparece una terapia nueva que puede modificar el pronóstico de una enfermedad?

En determinadas patologías, unas semanas pueden ser clínicamente decisivas.

El siguiente salto de calidad debería incorporar indicadores públicos de oportunidad: tiempo desde la solicitud hasta la evaluación, desde la aprobación hasta la dispensación y porcentaje de pacientes que mantienen continuidad terapéutica. Eso permitiría evaluar el programa no solo por lo que compra, sino por el resultado que consigue para la persona.

El reto: proteger lo alcanzado y ampliar lo que falta

La República Dominicana ha avanzado de una respuesta fragmentada hacia una política especializada, con mayor presupuesto, más pacientes, compras públicas estructuradas, un catálogo amplio de terapias y pasos de descentralización y articulación con la Seguridad Social.

Eso no significa que el problema esté resuelto.

La innovación farmacéutica continuará produciendo tratamientos capaces de transformar enfermedades, pero algunos llegarán con precios que presionarán aún más las finanzas públicas. El país necesitará fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias, la farmacoeconomía, la negociación de precios, los protocolos clínicos, las compras estratégicas y, cuando resulte técnicamente conveniente, mecanismos innovadores de contratación y distribución del riesgo. También deberá preservar un principio esencial: ninguna decisión presupuestaria debe olvidar que al otro lado del expediente hay una persona esperando.

El éxito de Alto Costo no puede medirse únicamente por cuánto dinero invierte el Estado. Debe medirse por cuántas personas reciben el tratamiento que realmente necesitan, cuánto tiempo esperan y qué capacidad tiene el sistema para sostener esa respuesta. Porque el costo pertenece al medicamento.

El verdadero valor está en el tiempo, la autonomía, la esperanza y la vida que ese medicamento puede ayudar a proteger.